Ceacop cifra en 505 millones la deuda de la Administración Pública con el ladrillo
El sector de la obra pública se encuentra paralizado a causa del
azote de la crisis y está poniendo en jaque a las firmas del sector que
consiguen sobrevivir después de cinco años de infierno. El presidente
del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra
Pública (Ceacop), Enrique Figueroa, pronosticó ayer que "de aquí a
final de año, si todo sigue igual, no quedará ni el 30% de las empresas
del sector en pie". Y no es solo la falta de inversión lo que ahoga a
estas compañías, sino también las partidas económicas que las
administraciones públicas les adeudan.
En concreto, Figueroa
señaló que la morosidad pública con las constructoras y las ingenierías
andaluzas se eleva a 505,5 millones, a pesar de la puesta en marcha del
plan de pago a proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La
Junta es la que más adeuda a las empresas de la comunidad, un total de
452,8 millones, de los que 262 corresponden a la Consejería de Fomento y
Vivienda, destacó. Mientras tanto, los ayuntamientos andaluces deben
facturas por valor de 48 millones, por 20,2 las diputaciones
provinciales y por 15 el Gobierno central. "El otro día Griñán se dio
cuenta de que había que apoyar al sector, ya que era el único que creaba
empleo de inmediato, pero no sé cómo lo va a hacer, teniendo en cuenta
que no hay inversiones", aseguró el presidente de Ceacop, quien recordó
que la caída de ocupación en la construcción es del 63,2%, lo que supone
una pérdida de 300.000 puestos de trabajo.
Además, señaló que teme que el nuevo plan de pago a proveedores que ahora se pone en marcha no sea eficaz, ya que su presupuesto es menor y tiene en cuenta las facturas del pasado año.
Por último, Figueroa informó de que Ceacop acudirá al Tribunal de Cuentas para que actúe de oficio en las irregularidades de las obras del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista), auditadas por la Cámara de Cuentas y que "ha puesto de manifiesto un grave incumplimiento del principio de contabilidad pública".
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