El Gobierno exime a estas construcciones del certificado impuesto por la UE
Ni iglesias, ni casas de playa o recintos monumentales. El Gobierno
ha decidido eximir a estas construcciones de los imperativos de la
eficiencia energética por lo que no tendrán que contar con certificados
sobre su gasto eléctrico, someterse a controles, ni recibir consejos de
ahorro por parte de las autoridades competentes. Un Real Decreto
publicado el 13 de abril obliga a que todas las viviendas que se vendan o
arrienden a partir del 1 de junio tengan certificados de eficiencia
energética, que cuestan una media de 200 euros, y se sometan a controles
periódicos. También están sometidos los edificios privados de más de
500 metros cuadrados frecuentados por el público, independientemente de
que se vendan o no.
Con este Real Decreto, el Gobierno ha integrado en la normativa
española dos directivas europeas, una de 2002 y otra de 2010. La última
da la opción a los países miembros de que liberen a una serie de
construcciones de la obligatoriedad de tener estos certificados, entre
los que están las iglesias, inmuebles habitados un máximo de cuatro
meses al año o cuyo consumo anual de energía no supere el 25% del anual
de ese tipo de vivienda, es decir, las segundas residencias; edificios
protegidos por su valor histórico o inmuebles menores de 50 metros
cuadrados, entre otros. Industria, de quien depende esta normativa, ha
optado por eximir a todos los que le permite la UE y añadir una
excepción más: la de los edificios que se compren para reformas
importantes o demolición.
Estos certificados se exigían en España desde 2007, pero solo a las
construcciones nuevas. En 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea obligó al Estado español a que adaptara por completo la
directiva de 2002 y que los reclamara también al parque de viviendas
existente. La sentencia se ha acatado con casi tres años de retraso. En
Francia, por ejemplo, los anuncios de venta o alquiler de casas ya se
acompañan de su calificación energética.
A pesar de que no se exigirá estos certificados a las casas de
veraneo, algo que constituiría un gran nicho de mercado, el sector de la
construcción y de las energías renovables lo ha recibido con los brazos
abiertos. “Es una esperanza para la formación de empresas y
trabajadores en un campo de futuro, para el ahorro energético y para la
recuperación del sector de la construcción sobre nuevas bases”,
contempla el arquitecto Carlos Hernández Pezzi, expresidente del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España y gran defensor de la
rehabilitación de viviendas como salida a la crisis que atraviesa el
sector.
“Supondrá un desembolso de unos 200 euros para los propietarios, pero
desde el punto de vista de quien alquila o compra, poder ahorrar un
dinero al año en electricidad o calefacción puede hacerles decantarse e
incluso pagar algo más”, opina Francisco Valverde, presidente de la
Asociación de Consumidores de Energía, fundada en 2010. En la Fundación
Renovables, grupo que busca cambiar el modelo energético con ahorro,
eficiencia y energías renovables, calculan que el precio de las
viviendas se puede incrementar hasta un 20% con la máxima calificación
energética.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de controlar estos
certificados. Tienen hasta el 14 de julio para elaborar los listados de
edificios con estas acreditaciones y han de informar cada seis meses al
Ministerio de Industria de los cambios, inspecciones y resultados. El
periodo de validez máxima de los certificados es de 10 años.
Jorge Marco, socio de la Red de certificadores energéticos, lleva dos
años preparándose para este momento. “Hemos creado un grupo de 145
técnicos energéticos repartidos por el país a los que hemos evaluado en
el manejo de los programas informáticos oficiales”, explica. Marco
asegura que desde que se anunció este Real Decreto, el 5 de abril, ha
recibido numerosas peticiones de información de particulares, empresas o
patrimonialistas.
El Gobierno no ha concretado aún los profesionales que podrán emitir
los certificados, lo deja para una orden posterior que tienen que
redactar entre los ministerios de Industria, Energía, Turismo y Fomento.
“Es bastante ambiguo”, opina Adrián Sánchez, presidente de la
Asociación Española para la Calidad en la Edificación. Este colectivo ya
ha solicitado al Gobierno que acelere los trámites, ya que debe
concretarse antes del 1 de junio. En el sector entienden que se
encargarán de ello arquitectos, aparejadores o ingenieros industriales.
Sin embargo, la puerta está abierta a otros técnicos.
Las estafas, los engaños y el intrusismo sobrevuelan este nuevo
mercado. Las regiones se encargarán de comprobar que los inmuebles
cuentan con estas acreditaciones y que las categorías que se les
atribuyen sean las correctas. Cuando un comprador o arrendador tenga
dudas sobre la veracidad de algún certificado podrá consultarlo en los
registros, que serán públicos.
A más largo plazo, el Real Decreto fija la obligatoriedad de que
todos los edificios levantados a partir de 2020 tengan un consumo de
energía casi nulo. Abrirán camino los inmuebles públicos, que deben
cumplir este requisito en 2018.
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