La empresa Sevilla Activa ha gastado 301 millones desde 1998 y sólo ha construido 676 casas de un máximo de 90 metros cuadrados. El PP pide su disolución.
Los sevillanos hemos pagado 400.000 euros por cada vivienda de protección oficial que ha construido la Diputación a través de su empresa pública Sevilla Activa en
sus 16 años de vida. El metro cuadrado, suponiendo que todas las VPO
tuvieran el máximo posible —90— sale a 4.500 euros. En los mejores años
de la burbuja inmobiliaria, el precio del metro cuadrado en el centro de
Sevilla, según la empresa especialista en tasaciones Tecnitasa, no
superó nunca los 5.000 euros. Pero las viviendas de la Diputación están
construidas en pueblos de menos de 20.000 habitantes
y sobre suelos municipales que, por tanto, no han tenido ningún coste
añadido para la administración. Es decir, cada vivienda construida por
la Diputación en pequeñas localidades de la provincia ha costado lo
mismo que las de renta privada en pleno casco histórico de la capital.
Ante estos datos, los diputados del PP Virginia Pérez y Juan de la Rosa
han anunciado que su partido pedirá la disolución de la empresa Sevilla
Activa en el próximo pleno. Estos números son su principal argumento:
de las 18.000 viviendas que esta empresa tendría que haber construido
según sus propios proyectos y sus acuerdos con el Consorcio de la
Vivienda, sólo se han hecho 676.
Y de los 400.000 euros empleados en cada una de ellas (valor del suelo
aparte), sólo 70.000 de media corresponden al coste real de la
construcción. Los otros 330.000 son exactamente el coste de la
burocracia. El organigrama de la empresa lo dice todo: tiene cuatro puestos de alta dirección y todos están ocupados por alcaldes y concejales socialistas sin experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria.
La propia Diputación alega en un comunicado firmado por Trinidad Argota,
presidenta de Sevilla Activa, que la misión y el objetivo de esta
empresa pública «no ha sido sólo, ni es, la construcción de viviendas»,
sino también la construcción de centros de salud, de centros educativos y
de centros de servicios sociales. «Aun con el boom inmobiliario,
Sevilla Activa ha sido la única empresa capaz de llegar a los municipios
donde las grandes constructoras no apostaron», afirma Argota, que, por
cierto, es concejal del PSOE de La Rinconada.
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