El fiscal pide otros dos años para el teniente de alcalde Benjamín Aranda y 4.800 euros de multa para una arquitecta municipal El juicio se celebrará en octubre en un Penal Onubense.
En octubre y en un Juzgado de lo Penal de Huelva rendirá cuentas ante la
Justicia el socialista José Ramón Rodríguez, alcalde de la localidad
serrana de Los Marines desde 1995, por la construcción presuntamente
ilegal de una vivienda y una piscina en suelo protegido. Junto a él se
sentarán en el banquillo de los acusados el teniente de alcalde Benjamín
Aranda y una arquitecta municipal.
Huelva Información ha tenido acceso al escrito de la acusación pública, un documento en el que el fiscal del caso, Alfredo Flores, realiza un detallado recorrido por el rosario de supuestas irregularidades que se adjudica al trío en cuestión. La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva le atribuye la comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación (este último delito también se lo asigna al teniente de alcalde y a la arquitecta, aunque a ella como cooperadora).
Así, afirma que el regidor municipal llevó a cabo la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados, con tejado a dos aguas, sótano y porche de 19 metros cuadrados en la finca de su propiedad ubicada en el conocido como Paraje del Agua de Los Marines. La edificación "se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección", puesto que está enclavada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
El socialista solicitó la autorización de la dirección del parque -dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía- para construir una caseta de aperos de 40 metros cuadrados y 3,5 metros de altura en una sola planta en 2005. Le fue concedida exclusivamente para este fin y "con esas dimensiones" el 18 de noviembre. Obtuvo la licencia de obras "en los mismos términos que la autorización del parque" en julio de 2006. Se la otorgó su teniente de alcalde, Aranda, "siendo plenamente consciente de que la intención del alcalde como promotor era contar con una segunda vivienda incompatible con la normativa urbanística y con la autorización condicionada del Parque Natural", subraya el Ministerio Público.
Las obras principales en la vivienda acabaron a finales de 2006. "No han respetado las autorizaciones", levantando finalmente una casa unifamiliar de 80 metros cuadrados con porche de 20 metros cuadrados y sótano, destinada a "segunda residencia, incompatible con la legislación protectora del parque". En agosto de 2006, un agente de Medio Ambiente abrió expediente sancionador por este motivo, lo que derivó en la imposición de una multa de 650 euros que Rodríguez abonó en 2007.
Detalla en este punto el fiscal que Benjamín Aranda "certificó el 21 de septiembre de 2006 que las obras habían terminado y que eran una caseta de aperos pese a constarle el fin residencial".
Al ejercicio siguiente, el alcalde marinense quiso dotar al chalé de piscina. Solicitó para construirla licencia para alberca de riego. Obtuvo el permiso del Parque Natural el 12 de marzo de 2008, un documento condicionado en el que se le advertía expresamente la prohibición de clorar o realizar al agua cualquier tratamiento químico. Remarca Alfredo Flores en el escrito de acusación que el 11 de junio de ese año el socialista "se autoconcedió la licencia de obras (...), si bien firmando como si fuese el teniente de alcalde y vulnerando de nuevo las autorizaciones". Así hizo efectiva la construcción de una piscina con paredes de cerámica, escalerillas y elementos de flotación para pastillas de cloro incluidos.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se percató de las construcciones en abril de 2011, tras inspeccionar la finca a instancias de la Fiscalía. Entonces apareció en escena la tercera imputada, la arquitecta municipal M., quien "elaboró -para evitar la sanción y la demolición y contra toda evidencia, ya que había visitado el lugar- informe técnico el 26 de mayo de 2011 señalando que lo construido era una alberca y no una piscina, y que respetaba las autorizaciones concedidas".
En base a este informe, señala la Fiscalía, Aranda informó el 31 de mayo de 2012 al Instituto Armado por escrito de que no existía irregularidad ni infracción urbanística "con idéntica finalidad de favorecer el interés particular del alcalde".
Durante la inspección de la Benemérita también se constató que en la finca se estaban realizando obras en un muro lindero. El terreno dispone de un pozo y un sistema de riego para abastecer a la pequeña huerta destinada al autoconsumo. Para todo ello carece "de autorización".
Según refiere el Ministerio Público, Juan Ramón Rodríguez hormigonó también el camino de tierra existente para llegar a la propiedad. En este caso, fue su esposa quien solicitó la licencia. El alcalde se la concedió en agosto de 2009. Asimismo, se "autoconcedió" el permiso necesario para el cerramiento de la parcela con malla ganadera en junio de 2008.
Por los hechos descritos, el fiscal considera que procede imponer a Rodríguez dos años de prisión con inhabilitación especial para el sufragio pasivo por el tiempo de la condena, multa de 4.800 euros e inhabilitación para el oficio de promotor por el mismo plazo, penas vinculadas a un delito contra la ordenación del territorio. A ello añade otro de prevaricación urbanística, por el que pide otros dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación para el empleo o cargo público de carácter electivo.
Para el teniente de alcalde Benjamín Aranda solicita la imposición de dos años de cárcel por prevaricación urbanística, amén de nueve años de inhabilitación para el empleo o cargo de carácter electivo. A la arquitecta municipal la ve como cooperadora del delito de prevaricación, por lo que procedería imponerle 4.800 euros de multa y otros nueve años de inhabilitación para el desarrollo de su empleo en cualquier administración.
En materia de responsabilidad civil, propone que el alcalde ejecute (a título personal) la demolición total o parcial de las construcciones y la elaboración de un proyecto técnico que sea aprobado por la Junta de Andalucía, así como que el Ayuntamiento de Los Marines garantice la restauración total del espacio natural afectado.
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