“Opuesta a la concepción del Derecho o Ley en sentido material, cabe distinguir el concepto de legislación, entendida como el conjunto de órdenes o mandatos coactivos de tipo reglamentario y ad hoc, en los que se materializa la concesión de privilegios en contra del derecho y la agresión institucional y sistemática con que el Gobierno quiere someter a los procesos de interacción humana”.
Jesús Huerta de Soto.
En nuestro país existe una antigua y arraigada tradición de conceder y mantener privilegios a distintos sectores empresariales y sociales en detrimento de quienes por gracia del Gobierno, -en última instancia, el que tiene la potestad de conceder o denegar privilegios especiales-, no gozan del favor del mismo ni de la defensa activa de grupos de presión que interceden entre los gremios empresariales interesados y aquellos que tienen la facultad de aprobar condiciones especiales mediante legislaciones y reglamentos varios. Así, y desde hace muchos años, en nuestro país existe una maraña legislativa de proteccionismo interesado aplicada a muchos de los sectores profesionales cuyo fundamento esencial es impedir la libre competencia entre los mismos en detrimento del consumidor final y los profesionales más capaces, que tienen que sufrir toda clase de proteccionismos amparados por legislaciones interminables y sistemas de fijación de precios que son un auténtico atentado contra la libre competencia y la manipulación de precios del mercado.
